La consulta que se pretende hacer en Cataluña este próximo 9 de noviembre es a todas luces ilegal. De hecho resulta incluso inconstitucional. Pido a quien estas líneas lea que ni se me tire a la yugular “ipso facto” ni empiece a aplaudirme. Por lo menos, hasta que me haya terminado de explicar. En principio, la autorización para la convocatoria de referéndums corresponde de manera exclusiva al Estado español. Es lo que dice el artículo 149.1.32º de la Constitución Española. Sin embargo...
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