Las constructoras están molestas con el Gobierno de Mariano Rajoy. El consorcio empresarial liderado por Sacyr, encargado de la ampliación del Canal de Panamá, había puesto ya dos demandas de reclamación de gastos extraordinarios de la obra por importe de 900 y 500 millones de euros. Estos conflictos internacionales son habituales y los gobiernos deben estar atentos, cosa que en este caso no ha ocurrido.
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