La amnistía fiscal tiene un origen defectuoso. En vez de ser un producto legal de las Cortes Generales, nació del interior de un Decreto-ley, esto es, fue una decisión gubernamental difícilmente justificable. Entre otras cosas porque ese Decreto altera las consecuencias previstas en el Código Penal para la exención de la responsabilidad en los delitos tributarios –la “regularización” espontánea como excusa absolutoria-, que es una materia reservada constitucionalmente a una Ley Orgánica. Lo que mal empieza mal acaba.
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