El pacto tiene un enorme valor histórico, porque pone blanco sobre negro ese proceso de final de ETA, porque excluye nuevas ilegalizaciones, porque proclama esa victoria de la democracia, porque reconoce el valor de las víctimas y porque habla de “favorecer los esfuerzos hacia la convivencia social” y de “cumplimiento estricto de la ley”. También porque es el primer gran pacto de Estado de la legislatura, que reedita los pactos antiterroristas anteriores, en esta ocasión casi de forma unánime.
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