Según la parlamentaria de Compromís "desde el punto de vista institucional la sentencia pasa por encima de competencias nuestras como determinar el régimen de oficialidad de las lenguas de acuerdo, precisamente, al artículo 3 de la Constitución Española que se cita varias veces en el texto de la sentencia. Y desde el punto de vista político la sentencia constituye un atropello en toda regla de los derechos de los valencianohablantes".
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