Una empresa compra terreno rústico por 811.365 euros. Ayuntamiento modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la edificación. Un tribunal falla que la modificación del PGOU resulta ilegal. La empresa no puede construir y demanda al Ayuntamiento pidiendo una compensación de 17 millones de euros por lucro cesante. Nueva sentencia dicta que el Ayuntamiento debe compensar a la empresa pero deja en manos de un pericial la valoración "justa y proporcionada" de esa indemnización.
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