La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone penalizar a las empresas y entidades públicas (como algunos ayuntamientos) que han decidido prescindir de las comercializadoras eléctricas y acudir directamente al mercado mayorista para cubrir su consumo. Para "evitar tratos discriminatorios" hacia las comercializadoras y un "aumento de precios" para sus clientes, el organismo plantea que los denominados consumidores directos de electricidad financien el bono social de la luz y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
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