La prohibición de contratar con la Administración se ha activado para las filiales del área de carreteras de las seis grandes empresas de la construcción en España (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL), por formar parte de un cártel de 12 empresas que pactaban un reparto de las licitaciones de Fomento entre 2014 y 2018.
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