Tras el primer aviso de 2016 y un ultimátum en febrero de 2020 para que se cumpliera la normativa la Comisión ha decidido denunciar a España. El problema de España es recurrente que, además, está suponiendo el pago de un multa periódica. En 2018, los magistrados europeos ya sentenciaron contra España por motivos parecidos. El fallo incluía el pago de una multa de 12 millones de euros más otros 11 millones extra cada semestre que permaneciera el problema. El dinero por pagar disminuye a medida que se van solventando los incumplimientos.
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