Desde 2005, gracias al esfuerzo del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, el gobierno colombiano premia a sus soldados por cada guerrillero o paramilitar muerto en combate con algo menos de dos mil dólares. Desde aquel caramelo envenenado, los militares colombianos han asesinado a cientos de civiles inocentes: en la fiscalía constan 1043, las asociaciones hablan de más de dos mil quinientas personas, en la calle se habla incluso de cinco mil. Cientos de ciudadanos que no eran ni guerrilleros ni paramilitares, me refiero.
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