El Gobierno regional indemniza a una empresa de educación concertada que no pudo construir un nuevo centro en Móstoles. Comisiones Obreras dice que va a estudiar si exigir responsabilidades penales y patrimoniales. Isabel Galvín, responsable de Educación en Madrid de este sindicato valora como un despilfarro de dinero público la operación. CCOO se opone a las cesiones de suelo público a empresas de educación porque lo considera un trato de favor.
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