La propuesta que el Ejecutivo regional ha remitido a la Comisión Europea para adoptar medidas que frenen la presión demográfica en las Islas, y que fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de abril y remitida al Parlamento canario, incluye que la limitación de adquirir segundas residencias se extienda a todos los ciudadanos de la Unión Europea, incluidos los canarios, con el fin de que esta medida no suponga "una discriminación entre nacionales de los distintos estados miembros".
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