La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto al menos 50 expedientes administrativos sancionadores a los convocantes de la manifestación que tuvo lugar este martes por la tarde en los alrededores del Congreso de los Diputados, una concentración que no estaba comunicada por los cauces legales. La multa a la que se enfrentan esas personas no será inferior a 300 euros, por lo que este órgano reclama a los activistas, sólo por esta acción, una suma de dinero que alcanza los 15.000 euros.
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