Las certificaciones de calidad se pensaron para medir los estándares de enchufes, muebles, coches... de ahí no deberían haber salido nunca. Pero la derecha europea vio el filón y no lo dejó escapar, decidió que valía también para gestionar los servicios públicos. Ya hace más de un lustro que se viene aplicando en Sanidad y ahora le toca a la Educación. Por un lado uno certifica lo que le da la gana. Por otro hay amparo legal para hablar en sentido estricto de calidad. Además las certificadoras no son públicas.
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