Entre los cientos de causas abiertas en los juzgados españoles por corrupción hay una que sirve como paradigma del grado de depravación moral alcanzado en ciertos sectores de la política: el llamado caso Cooperación o caso Blasco, que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la presunta apropiación de subvenciones públicas destinadas al Tercer Mundo entre 2008 y 2011.
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