Tras las vacaciones de Navidad, los casi 700.000 maestros y profesores de las enseñanzas no universitarias volverán a clase con la consideración de autoridad pública, según establece la nueva ley de Educación que entró en vigor el pasado 30 de diciembre. Se trata de un respaldo legal en el ejercicio de su actividad que puede convertirse en papel mojado, según los sindicatos, si no mejora el contexto de trabajo de los profesores, afectados por unos recortes que están incrementando la conflictividad en las aulas y empeorando la calidad
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