Es una experiencia piloto que se desarrollará durante un plazo máximo de 24 meses. La iniciativa, impulsada por la Junta de Jueces de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se implanta en desarrollo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.
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