La BSA (Bussiness Software Alliance), el poderoso lobby que acaba de mostrar su apoyo a los negociadores del ACTA y cuyos informes han sido descalificados por el Gobierno de EEUU o las asociaciones en defensa del software libre, es un colaborador oficial del gobierno (ver BOE) en la aplicación y definición de las medidas a tomar en la lucha contra la piratería:
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