Nueva vuelta de tuerca en la lucha contra la corrupción. La UE amparará legalmente a quienes denuncien ilegalidades cometidas en empresas públicas y privadas. Se insta al Consejo y a la Comisión Europea a la creación de un organismo en cada país miembro que canalice y centralice las denuncias por corrupción u otro tipo de comportamientos que socaven el orden social, económico o medioambiental.
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