El gobierno colombiano se está embarcando en una agresiva política de expansión de los cultivos de palma de aceite, caña de azúcar y otros monocultivos, a expensas de la población local, de los bosques tropicales y de otros ecosistemas biodiversos. Comunidades afro descendientes y campesinas y de los pueblos indígenas están siendo afectados por las plantaciones a gran escala con graves violaciones y abusos de los derechos humanos. ONGs internacionales en Colombia han documentado 113 asesinatos a manos de paramilitares de compañías palmicultoras
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