La mayoría de nuestros prejuicios se cumplen. Cualquier organización no-estatal está prohibida, y el gobierno controla los medios de comunicación y como la economía. A los partidos de la oposición y activistas por los derechos humanos no se les permite expresas su opinión. Cualquiera que critique al gobierno se arriesga a perder su empleo o ser forzado a entrar en el ejército. Aún así, recientemente, y por presión de la UE, se ha conseguido que el gobierno empiece a elaborar una alternativa al servicio militar obligatorio.
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