Lo más preocupante para los intereses de la justicia española que lleva casi tres años intentando una entrega de los fugados que cada vez se ve más lejos es que ambas instancias judiciales han considerado, apoyándose en la jurisprudencia del TJUE, que el TS no es el órgano competente para reclamar a los acusados por delitos de sedición y de malversación. Para los magistrados belgas, sin embargo, no hay conexión entre los hechos que se atribuye a Puig —malversación y desobediencia— y el motivo de la reclamación: el desarrollo del '
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