Suprimen la obligación de informar sobre el patrimonio de altos cargos; la posibilidad de que el Parlament cite a consellers, directores generales y responsables de empresas públicas para que expliquen ante los diputados la idoneidad de sus nombramientos; o el compromiso de dar difusión pública a los contratos de obras entre 25.000 y 50.000 euros. Asimismo, se elimina la necesidad de evaluar todas las intervenciones de la administración que superen los 5 millones de euros.
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