Si los catalanistas de Baleares hubieran aplicado la ley de Normalización Lingüística con equilibrio, buena fe y equidad, hoy no estaríamos obligados a cambiar la Ley de la Función Pública, piedra angular a partir de la cual, el castellano recuperará el papel constitucional que le corresponde como lengua oficial en toda España. Ahora se quejan.
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