Con poco más de un millón de habitantes, Baleares bate récords por el número de políticos condenados —y presos— y los que están bajo sospecha judicial, imputados en las decenas de causas abiertas por corrupción política. En general, se trata de casos derivados de la malversación de caudales públicos desde las instituciones, una parte ligada al urbanismo salvaje y otra a la financiación ilegal de partidos.
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