[c&p] Sea como fuere, transcurridos varios años desde que la espiral de reformas legislativas comenzada con la ley de 2003 que introdujo la orden de protección –agravada con la disparatada ley de medidas de protección integral contra la violencia de género del año siguiente– cabe preguntarse si los medios legales y materiales desplegados por los poderes públicos durante ese tiempo están justificados y contrastarlo con los objetivos que sus propios promotores se trazaron. (*)
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