El Gobierno de Aznar sabía que la prórroga de 25 años que concedió en el 2000 a la concesionaria de la Autopista del Atlántico para que siguiera cobrando peajes, y que ha motivado un expediente de infracción de la Comisión Europea, era ilegal y contraria no sólo a la legislación europea, sino también a la española. Por esa razón, modificó de tapadillo la ley que impedía extender la concesión sólo 4 días antes de privatizarla, y tras garantizar que las empresas que iban a explotarla -hoy lo hace Itínere- podrían mantener los peajes hasta 2048.
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