"Una ley orgánica es de obligado cumplimiento, los reales decretos para desarrollar los currículum de cada comunidad autónoma no pueden modificarla". Esta es la frase que, durante meses, ha estado reiterando el Ministerio de Educación y Formación Profesional cada vez que una región ha defendido que iba a desobedecer controvertidos mandatos de la ley de educación LOMLOE (conocida como ley Celaá) como las matemáticas con perspectiva de género o la defensa del "ecofeminismo".
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