La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ya han anunciado que tomarán medidas para que el proyecto del Gobierno quede sin efecto en la capital, uno de los municipios que más padece la proliferación de alquileres abusivos.Andalucía y Murcia se suman a la oposición a la iniciativa, que el PP considera “intervencionista” y un “ataque a la propiedad privada” .
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