El Gobierno catalán impulsará modificaciones legislativas, en concreto del Código Civil de Catalunya y la ley que regula la vivienda, para dar potestad a los ayuntamientos y a las comunidades de vecinos para que insten, en el caso de que los propietarios no lo hagan, el desalojo de las ocupaciones ilegales de viviendas por parte de personas que comenten delitos, como pueden ser los narcopisos, o las naves utilizadas por ladrones para esconder botines y provocan incidentes graves en el vecindario, en muchas ocasiones haciendo uso de la violencia
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