El Ayuntamiento de Vigo maniobró para retrasar siete años la investigación urbanística sobre las construcciones ilegales en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas reveladas por El Salto. Un documento de 2015 del Gobierno de Abel Caballero acredita como su gerencia municipal había solicitado una inspección urbanística que no se activó hasta 2022, tras la presión ciudadana mediante peticiones de información pública amparadas en la Ley de Transparencia.
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