El 16 de junio un grupo de ciudadanos del movimiento 15M, en ejercicio del derecho fundamental de petición, solicitaron al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que el ayuntamiento se sumase al Código de Buen Gobierno aprobado en su día por la Federación en la que, paradójicamente, Cámara ocupa un cargo de importancia. Ni se dignó a contestar a la petición...pese a que la LO que regula el derecho fundamental de petición obliga a contestar expresamente en un plazo máximo de 3 meses. Ahora los tribunales dan la razón a los ciudadanos.
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