Si el Gobierno quiere fomentar la participación ciudadana, presentar un anteproyecto en pleno agosto, por la vía urgente y con un plazo para presentar alegaciones tan ajustado no parece la mejor forma de hacerlo. Y aún así, el asunto es tan sensible que han llovido los escritos. Organizaciones y particulares concienciados han querido dar un toque al Gobierno para mostrarle cómo su nueva ley de 'secretos oficiales' pone en riesgo derechos y libertades fundamentales. Las asociaciones de archivistas critican una larga lista de irregularidades
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