El Gobierno de Barack Obama, además, introdujo una modificación en 2011 en la que amplía la duración límite de los interrogatorios que pueden realizarse sin que se reconozcan los derechos recogidos en la ley Miranda. Esta reforma fue reclamada por el Partido Republicano a fin de que presuntos terroristas no obtuvieran el derecho inmediato a un abogado y, así, las fuerzas de seguridad pudieran recabar información de forma más rápida
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