Casi 3.800 ayuntamientos de toda España, entre los que se encuentran prácticamente todos los grandes, podrán tratar a su personal laboral no funcionario como si fueran una empresa privada en crisis. Tienen permiso legal para modificar unilateralmente los pactos y convenios colectivos, con la única explicación de que están sometidos a un plan de ajuste de su déficit. El propio Ministerio de Hacienda ha metido en sus cálculos macroeconómicos de 2012 y 2013 que las entidades locales provocarán un aumento del paro por despidos y EREs.
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