Varias empresas contratistas del Ayuntamiento de València, fundamentalmente constructoras e inmobiliarias, hincharon la caja B del PP de Rita Barberá que la formación usó para abonar sus gastos electorales. La sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, detalla los pagos en B a la campaña de Barberá para las elecciones municipales de 2007, mayoritariamente a través de aportaciones de empresas privadas y con fondos desviados de dos fundaciones municipales.
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