Si algo queda claro en las normas con las que el Gobierno pretende equilibrar las cuentas del sistema eléctrico es la triple penalización al consumidor. Establece una subida de la luz automática y permanente, hace inviables el ahorro de energía y el autoconsumo, y la diferencia del déficit se carga a los presupuestos del Estado, es decir, al dinero del contribuyente. Si el objetivo es elevar los ingresos del sistema, la visión recaudatoria de las medidas va a conseguir aumentar el déficit eléctrico al alentar un descenso aún mayor de la demanda
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