Empresas del transporte radicadas en España optan por emplear a sus trabajadores a través de filiales de países con leyes laborales menos protectoras. Esta práctica "a todas luces ilegal", según fuentes sindicales, se ha generalizado especialmente en regiones como Murcia y Comunidad Valenciana. Desde el inicio de la crisis hay unos 56.000 transportistas menos en España.
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