Las asociaciones de renovables, ANPIER, APPA, PROTERMOSOLAR Y UNEF denuncian que las nuevas medidas para el sector eléctrico son gravemente retroactivas y quiebran la seguridad jurídica del país. La quiebra de la seguridad jurídica, a su vez, llevará a la quiebra a numerosos inversores –particularmente familiares–, que deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financiadoras al no poder afrontar el servicio de la deuda. Las asociaciones entienden que se puede hablar de un proceso de expropiación encubierta.
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