Se reducen a dos los tipos de contratos temporales, se recupera la ultraactividad indefinida y se crea un nuevo esquema de ERTE estructural, denominado RED. La reforma laboral acordada por Gobierno, sindicatos y patronal trata de poner freno a la contratación temporal, como exigía Bruselas, y revierte algunos de los aspectos más controvertidos de la normativa aprobada por el Partido Popular en 2012, volviendo a equilibrar la balanza entre trabajadores y empresarios dentro de la negociación colectiva.
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