Está previsto que se sienten en el banquillo de los acusados un exconcejal popular, el jefe de la policía local y siete personas más. Los hechos ocurrieron, según mantiene la acusación pública, entre 2011 y 2015 cuando se solicitaron y pagaron a las firmas de los empresarios implicados varias cantidades de grilletes, gorras, anoraks y uniformes, sin respetar el procedimiento de contratación legalmente establecido, pedidos que, además, no fueron nunca entregados. El Ministerio Público solicita penas de prisión de más de 4 años de carcel.
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