Tanto patronal como sindicatos y gobierno se sentaron en junio para reformar parcialmente las pensiones, ajustando estas al Índice de Precios de Consumo (IPC) y penalizando a aquellas personas que se jubilasen de forma anticipada. Por este motivo, el ejecutivo tendrá que asumir un gasto extra de 4.900 millones de euros, debido al incremento de precios motivado por el petróleo y la factura de la luz, aparte de diversos componentes electrónicos.
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