El Gobierno aragonés ha ordenado el cierre de nueve residencias de ancianos, todas ellas privadas. Se trataba de pisos que eran utilizados como centros geriátricos, que tenían licencias pero sobre las que pesaban expedientes de cierre desde hacía años. Sin embargo, los mantuvo paralizados durante el anterior Ejecutivo regional, presidido por el socialista Marcelino Iglesias.
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