La acusada, que fue juzgada el 9 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia, también ha sido condenada a inhabilitación para la profesión de médico en la sanidad pública durante un año y a abonar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) los 2.716 euros en los que la Fiscalía cifró el dinero defraudado.
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