En los 90 se convenció a la mayoría de la población para que aceptara la instalación en sus afueras de un vertedero de residuos industriales. Los grupos políticos municipales, encabezados por el PSOE, y la Junta de Andalucía, gobernada también por los socialistas, lo respaldaron por unanimidad y sólo algunos vecinos se mostraron contrarios. La promesa entonces era doble: que solo atendería residuos de las provincias occidentales de Andalucía, Huelva, Cádiz y Sevilla, y que supondría una importante ayuda para el pueblo, pero no era verdad...
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