Prohibir la prostitución, penalizar su demanda o las actividades conexas -como el alquiler de locales para su ejercicio- hacen más vulnerables a las trabajadoras sexuales, según un informe que publicó ayer ONG Amnistía Internacional. La investigación, dividida en cuatro documentos relativos a Argentina, Noruega, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea, concluye que castigar la actividad “refuerza la marginación, el estigma y la discriminación y puede negar a las personas que se dedican al trabajo sexual el acceso a la justicia”.
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