la propia Policía en sus investigaciones había señalado que los principales implicados en estos ERE «debieron contar con la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía» que permitiera la inclusión de personas en unos «ERE de empresas para las que nunca trabajaron». Estas sospechas de la Policía se referían a dos casos concretos, uno de ellos el de Carmen Fontela, que fue incluida en el ERE de Río Grande.
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