Los obreros han entrado esta semana en la casa de la alcaldesa de Maó, Águeda Reynés, para demoler parte de una habitación de la vivienda y corregir así la ampliación del volumen edificado sin licencia que se detectó en 2011, a raíz del control catastral realizado por Registril SL, la empresa concesionaria del servicio de recaudación de tributos.
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