La ley electoral obliga a las administraciones públicas a costear con el dinero de todos nosotros el envío masivo de propaganda. En el caso de las elecciones generales estamos hablando de una cantidad cercana a los 20 millones de euros, un dinero del que como mínimo más de la mitad va directamente a la papelera. Pero además de este derroche de dinero público tan absurdo, toca subrayar otro no menos importante: el derroche de energía, de agua, de emisiones asociadas al reparto y de un recurso natural tan costoso de obtener como el papel.
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