Sucede cada vez más seguido. El consumidor que compra un dispositivo Android tiene que rezar para que su compañía, y el fabricante, decidan actualizar el sistema operativo. La falta de actualización quita funcionalidades al celular pero además pone en riesgo la seguridad de la información del usuario. En EEUU la ACLU, asociación que defiende las libertades individuales, demandó a las compañías de celular y exige una regulación simple que beneficie al consumidor
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